Fernando Argote Pons - Abogado
Filosofía Profesional
Ejercicio en toda España
Especialista en Delitos Económicos
Delitos contra la Hacienda Pública
Delito Fiscal
Fraude del I.V.A. "Carruseles"
Facturas falsas
Defensa ante la acusación de Delito Fiscal
Detención policial por Delito Fiscal
Inspección de Hacienda
Blanqueo de Capitales
Delitos Empresariales
Delito Societario
Conflictos entre Socios y expulsión de Socios
Honorarios por objetivos: Presupuesto cerrado
Colaboraciones profesionales
Foro de clientes
Noticias de prensa
Contacto: Le visito en su domicilio

disminuir fuente ampliar fuente

 INSPECCIÓN DE HACIENDA


Inspección de HaciendaComo actividad complementaria de la defensa ante la acusación de delito fiscal, ejerzo la defensa ante la Inspección de Hacienda en todo tipo de procedimientos de inspección, asesorando y representando a contribuyentes e interponiendo en su nombre cuantos recursos administrativos, económico – administrativos y contencioso – administrativos procedan.

Así, por un lado, ejerzo la defensa ante la Inspección de Hacienda en asuntos en los que no se produce una acusación de delito fiscal. Esto es, en procedimientos de inspección en los que el debate queda dentro de la esfera puramente administrativa.

Por otro lado, la defensa ante la Inspección de Hacienda es usualmente la primera instancia ante la que se ha de ejercitar la defensa ante la acusación de delito fiscal.

Es evidente que es esencial no desaprovechar las posibilidades que nos ofrece esta primera instancia pre – procesal para resolver el asunto.

En cuanto a la defensa ante la Inspección de Hacienda, quiero realizar las siguientes puntualizaciones:

En primer lugar, esta labor de defensa ante la Inspección de Hacienda es complementaria de mi dedicación exclusiva al delito fiscal, ya que la defensa penal tributaria se inicia usualmente ante la Inspección de Hacienda.

En segundo lugar, antes de finalizar el procedimiento inspector, el contribuyente desconoce cuál será el resultado del mismo y si la Inspección le imputará algún delito, como el delito fiscal, la falsificación de facturas o la deducción de facturas falsas.

En tercer lugar, es evidente la importancia de contar con una defensa especializada ante la Inspección de Hacienda, y los resultados así lo demuestran.

Así, represento a contribuyentes ante la Inspección de Hacienda, en particular, y ante la Hacienda Pública, en general, en cualquier tipo de contenciosos con la misma.

De este modo, surgen con motivo de una Inspección de Hacienda, de una devolución de I.V.A., de una declaración de responsabilidad de los administradores, de una declaración de sucesión de empresa o por otras causas, discrepancias con Hacienda que en ocasiones pueden ser resueltas tras una defensa ante sus funcionarios y otras veces requieren la vía judicial para conseguir el reconocimientos de nuestros derechos.

La jurisdicción contencioso – administrativa está dedicada en exclusiva a conocer y resolver las demandas interpuestas por los ciudadanos contra las decisiones de la Administración.

Todos los días se dictan Sentencias por los Tribunales de esta Jurisdicción, en las que estiman las demandas de los ciudadanos y reconocen que ellos tenían razón y no la Administración.

Por lo tanto, cuando no es posible convencer ni alcanzar un acuerdo razonable, y siempre que nuestro planteamiento tenga apoyo legal, no hemos de dudar en defender ante los Tribunales nuestro derecho.

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN EL DELITO FISCAL

Las actuaciones de la Inspección  de Hacienda han de documentarse y reunirse en un expediente administrativo.

Estos documentos, facturas, libros de contabilidad, diligencias realizadas por la Inspección de Hacienda que documentan sus actuaciones y que constatan hechos, serán incorporados a las actuaciones judiciales y forman parte de la prueba documental durante todo el proceso judicial, tanto en la fase de instrucción como en la fase de juicio oral o de recurso de apelación o casación en el caso de que estas ultimas se produzcan.

El Tribunal Supremo afirma que el expediente administrativo en la fase de instrucción sirve como "noticia criminis" suficiente para la apertura de diligencias previas penales y en la fase de juicio oral tiene el valor de prueba documental de libre apreciación, por lo que la actividad probatoria que desarrolle la defensa de los acusados goza del mismo valor probatorio. Esto es, penalmente, el expediente administrativo no tiene el valor que tiene administrativamente. Así, el expediente administrativo no tiene el valor de certeza de los hechos que documenta, pues esta presunción sería incompatible con la Constitución.

El Tribunal Supremo así lo declara entre otras, en las Sentencias de 23 de diciembre de 1991 y 26 de abril de 1993. En ambas, el Tribunal Supremo se basa en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de abril de 1990, que declara que no es admisible que el proceso penal pueda quedar condicionado por una presunción previa, derivada del procedimiento administrativo de inspección y comprobación de la situación tributaria del contribuyente.

En definitiva, los hechos del expediente administrativo para ser tenidos por ciertos han de ser corroborados con otros medios de prueba, sin perjuicio de que la defensa pueda poner de manifiesto su inveracidad o simplemente la falta de prueba que los acredite.

En cualquier caso en la práctica, es esencial que la defensa sea activa y no se limite a alegar la falta de presunción de certeza del expediente administrativo y proponga pruebas que sirvan al menos indiciariamente para demostrar que los hechos relatados en el mismo pudieran ser erróneos.

INFORME DE DELITO

Aunque la acusación de delito fiscal puede provenir de una investigación iniciada a instancia de la Fiscalía, de la Policía de delitos económicos o de los propios juzgados de instrucción, en la práctica en la mayor parte de los casos el informe de delito en el que se relatan los hechos, las pruebas y los argumentos jurídicos en los que se basa la acusación es confeccionado por la inspección de hacienda por su propia iniciativa.

Así, el informe de delito de la agencia tributaria constituye en la práctica en la mayor parte de los casos, el escrito de acusación y a la vez la prueba de cargo junto con el expediente administrativo del procedimiento de inspección.

De este modo aunque el Fiscal redacta la acusación y el servicio jurídico de hacienda incorpora un escrito en el que corrobora el carácter delictivo de los hechos recogidos en el informe de delito de la Inspección de hacienda, la prueba de los hechos y la valoración de la misma se realiza en el informe de delito como conclusión a las pruebas obtenidas durante la inspección y que constan en el expediente administrativo. Por ejemplo, el Fiscal y la Abogacía del Estado argumentan el carácter delictivo de la emisión o recepción de facturas falsas, pero la prueba de su existencia consta en el informe de delito refiriéndose al expediente administrativo.

En ocasiones se incorporan informes policiales o de otros órganos del Estado realizados usualmente a instancia de la Inspección de hacienda, pero es el informe de delito de la propia Inspección el fundamento de la acusación.

La primera de las consideraciones que procede hacer al respecto es que corresponde al abogado defensor el examen exhaustivo de este informe y del expediente administrativo centrando el debate jurídico en el análisis de las pruebas practicadas por parte de la inspección, alegando lo que proceda y proponiendo las pruebas que resulten pertinentes, huyendo de la consideración de que la valoración de estas pruebas es una cuestión no jurídica que ha de ser valorada por peritos.

Es evidente a mi juicio que el derecho fiscal y tributario, es derecho y la regulación de los medios de prueba aplicable a los delitos contra la hacienda pública es derecho penal.

En otro caso nos encontramos con que el perito de parte niega los hechos, el Inspector de hacienda los afirma y prevalece su dictamen en base a la presunción de objetividad de la actuación de los funcionarios públicos. En definitiva, que quien acusa tiene la facultad de acreditar los hechos.

Sin embargo una defensa especializada puede y debe hacer que la culpabilidad no se presuma por el hecho de que exista una acusación de la Hacienda Pública y mediante una defensa activa que no se limite a negar los hechos y a presentar un informe pericial alternativo.

La segunda de las consideraciones que procede hacer al respecto es que puesto que el procedimiento de práctica de la prueba en el procedimiento inspector se realiza sin las garantías constitucionales propias del procedimiento penal, en particular sin la inmediación judicial, habrá que analizar si las pruebas referidas en el informe son validas desde el punto de vista penal.

Así, las pruebas reales o falsas obtenidas con violación de las Libertades y Derechos Fundamentales son nulas, insubsanables y contaminan de nulidad a todos los actos, procedimientos y pruebas que se deriven de las mismas. Estas son las denominadas “pruebas ilícitas”.

Además cualquier arbitrariedad o violación de la legalidad producida durante el procedimiento inspector determina la nulidad del procedimiento de inspección y por lo tanto del informe de delito, de lo que se deriva la nulidad de la acusación que se quedaría sin base ni fundamento. Por ejemplo la caducidad de las actuaciones, la prescripción administrativa de la facultad de comprobación, la concurrencia de causas de recusación en el actuario, la ausencia de objetividad en la instrucción del procedimiento o cualquier arbitrariedad o infracción legal o reglamentaria.

Finalmente se ha de analizar si el procedimiento de práctica de las pruebas por parte de la inspección tiene las garantías constitucionales del procedimiento penal, pues en otro caso las pruebas concretas practicadas indebidamente pierden su valor probatorio. Por ejemplo, la carga de la prueba en el procedimiento inspector recae en el contribuyente, mientras que en el procedimiento penal recae en la acusación.

Todo ello sin perjuicio del derecho del acusado a proponer la práctica de pruebas que desvirtúen las aportadas por la Inspección de hacienda o a repetir ante el juez o tribunal las que sean pertinentes.

La tercera de las consideraciones que a mi juicio procede es la relativa a la función que legalmente se atribuye a los inspectores de hacienda cuando pudieran estar ante un delito fiscal u otro delito contra la hacienda pública.

De acuerdo con la Ley, el inspector cuando aprecie que pudiera encontrarse ante un delito ha de interrumpir la inspección y remitir un informe y el expediente a la Fiscalía para que esta valore los hechos y las pruebas.

La Ley no dice que el inspector tenga que continuar la investigación hasta que este seguro de la existencia de un delito, ni le atribuye la responsabilidad de su acreditación, sino que cuando pueda encontrarse ante un delito cese en su actuación.

Hemos de considerar que en el procedimiento inspector no existen dos partes y un Juez, sino que el Inspector es Juez y parte, sin perjuicio del ulterior control de los tribunales contencioso-administrativos.

Pero cuando el inspector realiza su informe de delito y las actuaciones inspectoras previas a su confección, no solo no aplica el procedimiento penal y sus garantías, sino que su actuación escapa al control de los tribunales de lo contencioso.

Esto es, que se trata de una actuación administrativa que bien podría ser nula o anulable incluso desde el punto de vista del derecho administrativo, en el que las garantías son menores y en cualquier caso, se trata de una actuación administrativa que se sustrae al control jurisdiccional contencioso administrativo, por lo que ha de ser controlada y examinada por los jueces y tribunales penales, con mayor celo y exigencia que aquellos, puesto que el derecho penal así lo exige.

Por todo lo expuesto la Ley dispone que el Inspector se abstenga de continuar con el procedimiento administrativo cuando aprecie indicios de que pudiera existir un delito, ya que los inspectores no son especialistas en derecho penal, ni son jueces.

La Ley de este modo garantiza que la investigación de los delitos y su instrucción se realice por un Juez con todas las garantías constitucionales propias de un procedimiento penal, como no puede ser menos en un Estado de Derecho.

La función del inspector no es por lo tanto instruir el procedimiento penal, esto le compete al Juez, tampoco acusar, esto le compete al Fiscal, sino simplemente interrumpir sus actuaciones cuando pudiera estar ante un delito, ya que el procedimiento inspector no garantiza los derechos de un ciudadano al que se le puede acusar y condenar por un delito.

Por lo tanto el informe de delito recoge los indicios de la posible existencia de un delito en el contexto de un procedimiento desarrollado desde la perspectiva del ilícito administrativo, no del ilícito penal, materia esta última que queda fuera del ámbito de la competencia y conocimiento de los Inspectores, por lo que corresponde al abogado defensor poner de manifiesto las diferencias entre el ilícito administrativo y el ilícito penal.

En la práctica todos estos derechos han de ser alegados por el acusado en el momento procesal oportuno, y dado el carácter peculiar de la materia sobre la que versan los delitos contra la hacienda pública, la materia tributaria, su infracción pasa en muchos casos desapercibida.

Desarrollo lo aquí planteado al tratar del ilícito administrativo y penal, de la practica judicial, de los medios probatorios y de la prueba inconstitucional.

ILICITO ADMINISTRATIVO Y PENAL


 En muchas ocasiones se imputa un supuesto delito fiscal por la Inspección de Hacienda a un contribuyente, cuando lo que realmente existe es una mera infracción tributaria de carácter administrativo.

El problema radica en que no es la función de la Inspección de Hacienda realizar valoraciones penales, ni realmente la preparación técnica de los inspectores está dirigida al Derecho penal, sino al Derecho tributario.

De acuerdo con la normativa tributaria, los inspectores de Hacienda han de limitarse a poner en conocimiento del Ministerio Fiscal, hechos que pudieran ser constitutivos de delito. No es su función calificar jurídicamente estos hechos, sino que corresponde al Ministerio Fiscal, en primera instancia, y a los jueces y tribunales penales, en última, ésta calificación.

En la práctica, los Inspectores de Hacienda emiten informe de delito fiscal cuando la deuda tributaria por ellos calculada supera los 120.000 euros, sin atender a otro tipo de consideraciones de índole jurídico, que ciertamente no les competen.

Esto es, que dejar de ingresar en la Hacienda pública, de acuerdo con los criterios válidos en la esfera administrativa, equivale a defraudación tributaria delictiva.

Pues bien, deuda tributaria y fraude fiscal no son conceptos sinónimos.

En cualquier caso, como he dicho, la función de la Inspección de Hacienda es poner hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, para que éste, tras valorarlos y calificarlos jurídicamente, decida o no interponer la querella o denuncia que inicie el procedimiento penal.

Sin embargo, en la práctica, en muchas ocasiones éste informe de la Inspección de Hacienda se transforma en una acusación, asumiendo el Inspector de Hacienda una responsabilidad que no tiene por qué asumir, en una materia, la penal, que no es la suya.

No podemos olvidar que el inspector es un testigo, no un acusador, por lo que tampoco acusar en su función.

Un testigo ha de ser imparcial, mientras que el acusador es parcial. El testimonio parcial carece de valor probatorio.

Centrado el problema, hemos de considerar que un Inspector de Hacienda, no tiene por qué distinguir, ni es su función, un ilícito administrativo (infracción tributaria) de un ilícito penal (delito fiscal).

De hecho, los inspectores de hacienda no tienen por qué ser licenciados en derecho, pueden ser economistas, ingenieros, etc...

La cuestión es que en la práctica la Inspección de Hacienda emite informe de delito fiscal cuando la deuda tributaria no ingresada, calculada por la misma, supera los 120.000 euros. En la práctica, el Ministerio Fiscal interpone la denuncia o querella, cuando el informe de delito fiscal se ha emitido por la Inspección de Hacienda.

Así, es en el procedimiento penal en el que la defensa ha de poner de manifiesto las diferencias entre ilícito administrativo y penal.

La infracción tributaria consiste en la mera falta de ingreso, mientras que el delito fiscal consiste en una conducta dolosa encaminada al fraude.

Por otro lado, la mera discrepancia razonable acerca de la aplicación de las normas tributarias, exonera de delito fiscal al contribuyente en virtud del derecho a la presunción de inocencia y del principio “in dubio pro reo”.

Esto es, la Inspección de Hacienda puede considerar que un gasto no es deducible, por ejemplo, pero eso no constituye un fraude fiscal.

Tampoco constituye un fraude fiscal la diferencia de criterios de amortización, ni la carencia de facturas u otros documentos, cuando las operaciones se acreditan por otros medios válidos en derecho.

El Derecho penal indaga el fondo de la cuestión, lo que se denomina “verdad material” sin que puedan restringirse los medios probatorios del acusado en virtud del derecho constitucional de defensa.

En definitiva, la infracción administrativa o tributaria es una cuestión de forma (facturas, registros y demás documentos exigidos por la normativa tributaria) y el delito fiscal es una cuestión de fondo o de “verdad material”, en la que no existe limitación en cuanto a los medios de prueba ni la carga de la prueba en el contribuyente de acreditar que las presunciones de la administración tributaria son inciertas.

Por ejemplo, no cabe imputar un delito fiscal a quien se le atribuyen ingresos, sin atribuirle gastos, en una actividad en la que necesariamente han de existir, ni exigir la factura como único documento probatorio cuando una operación puede ser acreditada mediante testigos u otros documentos, ni limitarse a afirmar la inexistencia de una operación en base a indicios y argumentaciones, sin aportación de prueba alguna.

 




Home | Contacto | Recomendar la página | Como página de inicio | Mapa web
www.dmacroweb.com - Creación de sitios web, portales, CMS, B2B, B2C, aplicaciones extranet / intranet Copyright © 2008 Dynamic Macroweb & Design S.L. Todos los derechos reservados.
Web site desarrollado por DMacroWeb mediante la herramienta DM Corporative