Fernando Argote Pons - Abogado
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 INSPECCIÓN DE HACIENDA


Inspección de HaciendaComo actividad complementaria de la defensa ante la acusación de delito fiscal, ejerzo la defensa ante la Inspección de Hacienda en todo tipo de procedimientos de inspección, asesorando y representando a contribuyentes e interponiendo en su nombre cuantos recursos administrativos, económico – administrativos y contencioso – administrativos procedan.

Así, por un lado, ejerzo la defensa ante la Inspección de Hacienda en asuntos en los que no se produce una acusación de delito fiscal. Esto es, en procedimientos de inspección en los que el debate queda dentro de la esfera puramente administrativa.

Por otro lado, la defensa ante la Inspección de Hacienda es usualmente la primera instancia ante la que se ha de ejercitar la defensa ante la acusación de delito fiscal.

Es evidente que es esencial no desaprovechar las posibilidades que nos ofrece esta primera instancia pre – procesal para resolver el asunto.

En cuanto a la defensa ante la Inspección de Hacienda, quiero realizar las siguientes puntualizaciones:

En primer lugar, esta labor de defensa ante la Inspección de Hacienda es complementaria de mi dedicación exclusiva al delito fiscal, ya que la defensa penal tributaria se inicia usualmente ante la Inspección de Hacienda.

En segundo lugar, antes de finalizar el procedimiento inspector, el contribuyente desconoce cuál será el resultado del mismo y si la Inspección le imputará algún delito, como el delito fiscal, la falsificación de facturas o la deducción de facturas falsas.

En tercer lugar, es evidente la importancia de contar con una defensa especializada ante la Inspección de Hacienda, y los resultados así lo demuestran.

Así, represento a contribuyentes ante la Inspección de Hacienda, en particular, y ante la Hacienda Pública, en general, en cualquier tipo de contenciosos con la misma.

De este modo, surgen con motivo de una Inspección de Hacienda, de una devolución de I.V.A., de una declaración de responsabilidad de los administradores, de una declaración de sucesión de empresa o por otras causas, discrepancias con Hacienda que en ocasiones pueden ser resueltas tras una defensa ante sus funcionarios y otras veces requieren la vía judicial para conseguir el reconocimientos de nuestros derechos.

La jurisdicción contencioso – administrativa está dedicada en exclusiva a conocer y resolver las demandas interpuestas por los ciudadanos contra las decisiones de la Administración.

Todos los días se dictan Sentencias por los Tribunales de esta Jurisdicción, en las que estiman las demandas de los ciudadanos y reconocen que ellos tenían razón y no la Administración.

Por lo tanto, cuando no es posible convencer ni alcanzar un acuerdo razonable, y siempre que nuestro planteamiento tenga apoyo legal, no hemos de dudar en defender ante los Tribunales nuestro derecho.

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN EL DELITO FISCAL

Las actuaciones de la Inspección  de Hacienda han de documentarse y reunirse en un expediente administrativo.

Estos documentos, facturas, libros de contabilidad, diligencias realizadas por la Inspección de Hacienda que documentan sus actuaciones y que constatan hechos, seran incorporados a las actuaciones judiciales y forman parte de la prueba documental durante todo el proceso judicial, tanto en la fase de instrucción como en la fase de juicio oral o de recurso de apelación o casación en el caso de que estas ultimas se produzcan.

El Tribunal Supremo afirma que el expediente administrativo en la fase de instruccón sirve como "noticia criminis" suficiente para la apertura de diligencias previas penales y en la fase de juicio oral tiene el valor de prueba documental de libre apreciación, por lo que la actividad probatoria que desarrolle la defensa de los acusados goza del mismo valor probatorio. Esto es, penalmente, el expediente administrativo no tiene el valor que tiene administrativamente. Así, el expediente administrativo no tiene el valor de certeza de los hechos que documenta, pues esta presunción sería incompatible con la Constitución.

El Tribunal Supremo así lo declara entre otras, en las Sentencias de 23 de diciembre de 1991 y 26 de abril de 1993. En ambas, el Tribunal Supremo se basa en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de abril de 1990, que declara que no es admisible que el proceso penal pueda quedar condicionado por una presunción previa, derivada del procedimiento administrativo de inspección y comprobación de la situación tributaria del contribuyente.

En definitva, los hechos del expediente administrativo para ser tenidos por ciertos han de ser corroborados con otros medios de prueba, sin perjuicio de que la defensa pueda poner de manifiesto su inveracidad o simplemente la falta de prueba que los acredite.

En cualquier caso en la práctica, es esencial que la defensa sea activa y no se limite a alegar la falta de presunción de certeza del expediente administrativo y proponga pruebas que sirvan al menos indiciariamente para demostrar que los hechos relatados en el mismo pudieran ser erroneos.

 




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