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 MEDIOS PROBATORIOS


Medios probatoriosLa prueba en el derecho penal sirve para acreditar lo que en derecho se denomina la “verdad material”, el procedimiento para su práctica y los medios probatorios, se regulan en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En cambio, la prueba en el derecho civil esta sometida a formalidades rigurosas que hacen que la misma acredite una “verdad formal”, ya que depende de la actuación y diligencia de las partes en el proceso, sin que corresponda en modo alguno al Juez o Tribunal la indagación de la “verdad material”. El procedimiento probatorio y los medios probatorios aquí se regulan por la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El procedimiento de inspección de los tributos, en cuanto procedimiento administrativo, esta sometido al control de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el procedimiento probatorio así como los medios de prueba, son regulados por la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la que se remite en materia probatoria casi en su totalidad, a la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la que impera la “verdad formal”.

Además la Ley General Tributaria y la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y de Procedimiento Administrativo Común, establecen el carácter supletorio del Código Civil.


Así, el procedimiento y los medios probatorios propios del Derecho Penal Tributario, esto es del delito fiscal y demás delitos contra la Hacienda Pública, son los regulados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y nada tienen que ver con los aplicables al procedimiento de inspección tributaria, que son regulados por la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Esto es, que en el delito fiscal los procedimientos y medios probatorios van encaminados a la acreditación de la “verdad material”, sin que exista limitación alguna en la utilización de los medios de prueba, a diferencia de los procedimientos de inspección en los que la prueba acredita una “verdad formal” y esta limitada en sus medios.

Además, el Derecho Constitucional de Defensa en un procedimiento penal, exige que los medios probatorios no se limiten en modo alguno, de forma que los acusados puedan acreditar los hechos relevantes sin limitación ni exigencia de prueba tasada alguna.

Así en el ámbito penal no se puede exigir al acusado que pruebe por ejemplo la realidad de determinadas operaciones presentando los documentos que hacienda requiere. Se podrán acreditar por cualquier medio de prueba valido en derecho. Tampoco se podrá cargar al contribuyente con la carga de acreditar hechos sobre los que exista duda razonable, ya que el derecho a la presunción de inocencia así lo garantiza. Ni siquiera se podrá presumir la culpabilidad de quien no ingresa una deuda tributaria tal y como hace el régimen sancionador tributario. Relacionar aquí toda la casuística seria interminable.

De todo esto se infiere que los hechos que se recogen en los informes de delito elaborados por la inspección de hacienda y en los que usualmente se basan las acusaciones de delito fiscal y otros delitos contra la Hacienda Pública, son conclusiones obtenidas en un procedimiento administrativo de inspección de los tributos, en el que por tanto, no se han aplicado los procedimientos y los medios probatorios aplicables en materia penal de acuerdo con la Constitución, la Jurisprudencia penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Así podemos encontrarnos con que la acusación se base en un informe de hacienda que relata una serie de hechos que no se han acreditado por procedimientos ni medios probatorios válidos en Derecho Penal Tributario, aunque puedan serlo para el Derecho Administrativo. Todo ello sin perjuicio de que todas las infracciones en materia probatoria o de procedimiento han de ser alegadas e impugnadas si no se subsanan para que tengan valor y fuerza vinculante ante los Jueces y Tribunales. Esto es si la defensa permanece inactiva ante la violación de los derechos del acusado, los defectos procesales se entienden admitidos por el acusado y no puede alegarse su infracción ante órganos judiciales superiores.

Por lo tanto los derechos han de ejercitarse, en caso contrario, se pierden.

En consecuencia, habida cuenta de la amplitud de los medios de prueba utilizables en materia penal, todos los válidos en derecho, no cabe limitar la acreditación de los hechos a las pruebas y documentos que exige la Inspección de Hacienda como medios únicos o tasados para acreditar la realidad de hechos, operaciones o transacciones.

En definitiva, la defensa no debe permitir, que el procedimiento penal se convierta en una mera presentación de informes periciales, uno de Hacienda y otro de los acusados, en lugar de probar los hechos relevantes por cualquier medio valido en derecho y poner de manifiesto la ausencia de pruebas de la acusación, cuando esta se produzca.

Esta actividad ha de desplegarse tanto en la fase pre-procesal, ante la Inspección de Hacienda, ante la Policía de delitos económicos o ante el Ministerio Fiscal, como en la fase procesal o judicial.

Dentro de la fase procesal, en primer lugar en la instrucción, en segundo lugar si se produce, en el juicio oral y en tercer lugar si procede, al interponer los recursos pertinentes.

Desarrollar esta actividad probatoria y de alegación en la fase pre-procesal, usualmente ante la Inspección de Hacienda, puede suponer que la acusación no llegue nunca a producirse.

La fase de instrucción ante el Juzgado de Instrucción o ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, es un momento idóneo para ejercer la defensa del modo descrito.

Esta fase de instrucción, goza de grandes ventajas ya que se prolonga durante meses y no hay limitación en cuanto a plazos para la proposición de pruebas y para la presentación de alegaciones. Esto es, goza de mayor flexibilidad que las fases de juicio y de recursos.

Así, el debate frente a la acusación no tiene limite de replicas, lo que permite la formación plena del conocimiento del Magistrado-Juez Instructor, sin los limites temporales y procedimentales del Juicio Oral.

El Juicio Oral constituye una nueva oportunidad para proponer los medios de prueba y realizar las alegaciones pertinentes, aunque con las limitaciones de los plazos de proposición de prueba y del tiempo de la celebración del mismo.

Finalmente, al interponer los recursos procedentes podrá pedirse nuevamente la práctica de las pruebas denegadas que hayan sido propuestas para su práctica en el Juicio Oral. Las que no se propongan en el momento procesal oportuno, no podrán proponerse mas adelante.




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